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En Pacuare, Costa Rica.
Del 22 al 25 de septiembre, afectadas y afectados por la imposición de represas, la contaminación de ríos y otros megaproyectos a nivel mesoamericano, nos reuniremos en las comunidades del río Pacuare para celebrar el VI Foro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR).

El Foro Mesoamericano es un encuentro para intercambiar experiencias, información, solidaridad, cariño y esperanza entre pueblos separados por fronteras, pero unidos por los ideales, las luchas y la defensa y exigibilidad de nuestros derechos.
Para llegar al encuentro, llevaremos a cabo una caravana que saldrá de la ciudad de Tapachula en Chiapas, el 19 de septiembre y pasará por El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica, propiciando el intercambio de experiencias entre comunidades en resistencia, y en defensa de sus derechos.

En representación de la delegación mexicana, participaremos luchas y organizaciones que nos oponemos a la construcción de las siguientes represas en el país: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, El Zapotillo y La Yesca en Jalisco, Las Cruces en Nayarit, Itzantún y Chinín en Chiapas, Pantanos de Zentla y afectados por las inundaciones en Tabasco, y más de 112 proyectos de presas tan sólo en el estado de Veracruz, así como organizaciones del Distrito Federal, Guanajuato y Colima.

Las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tenemos derecho a decidir sobre el destino de nuestro territorio y el modelo de desarrollo que queremos para nuestros pueblos, por ello nuestra posición es clara: NO A LAS REPRESAS. NI UNA MÁS.
Las presas En México están cumpliendo su vida útil, y al mismo tiempo se inicia un auge en la construcción de nuevas presas con el fin de atraer inversiones extranjeras y poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua, al tiempo en la que las trasnacionales están ya invirtiendo de manera ilegal y anticonstitucional.
Más de 50 mil grandes represas se han construido en el mundo, desplazando directamente a 100 millones de personas. El impacto al medio ambiente ha sido irreversible a través de la inundación de bosques, la modificación de los cauces, la pérdida de flora, fauna y sedimentos, al tiempo que el cambio climático agudiza los impactos acumulativos y sinérgicos, y miles de zonas arqueológicas y culturas quedan sepultadas bajo las aguas.
Por todo el territorio nacional se intentan imponer proyectos de presas, se estiman al menos 350 proyectos. La SEMARNAT, la CFE y CONAGUA en contubernio con los gobiernos de los Estados y empresas privadas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia y nula consulta previa e informada.

Nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras.
Estos proyectos, además de provocar impactos ambientales, sociales y culturales irreversibles, desencadenan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos originarios que van desde disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras y juicios, hasta encarcelamientos, torturas e incluso el asesinato de personas.

Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de todos los pre-proyectos, proyectos y obras que estén actualmente en fase de planeación y/o ejecución en México, y que corresponden a una política económica neoliberal en contra de los derechos de los pueblos y de la vida de los ríos y la dignidad de nuestra América Latina.

Somos un movimiento nacional que se conformó en el 2004, en torno a la resistencia contra las represas en un momento político y económico clave para el país. Demandamos como sociedad mantenernos atentos(as) al recorrido de la caravana del MAPDER a través de México y Centroamérica con el objetivo de proteger la integridad física de los participantes y asegurar que se cumplan los propósitos de la caravana.

Atentamente,
Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
página web: http://www.mapder.lunasexta.org
twitter: @mapder
Contacto:
Gustavo Lozano Guerrero
Centro Mexicano de Justicia Ambiental/MAPDER Guanajuato
Correo: lozanogg@hotmail.com
Celular: 477 2755124
Fijo: 477 7171819

El pasado 8,9 y 10 de Julio se llevo a cabo en la ciudad de La Paz Baja California Sur el Festival x la Sierra, este fue un evento organizado 100% por la comunidad, con el apoyo de instituciones tanto privadas como gubernamentales,   la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil y artistas locales.

Los   objetivos del festival fueron el de informar a la población las causas y efectos de la mega minería tóxica en las inmediaciones de la Sierra la Laguna,  y crear  un espíritu de unión y participación entre todos los organismos participantes.

Durante los  tres días del festival hubo diferentes actividades,  el viernes 8,  día de la inauguración, estuvo a cargo del “Colectivo la palomilla” con un mural fotográfico; también   se presento el documental TAMBOGRANDE mangos, muerte y minería  y la obra infantil “El llamado de la Sierra”  presentada por el grupo de teatro Ollín.

El sábado se llevaron a cabo la conferencia “La Reserva De La Biosfera De La Sierra De La Laguna, Patrimonio Sudcaliforniano y Sus Amenazas” a cargo  de especialistas de Agua Vale Mas que Oro,  e “Impactos Ambientales y Socioeconómicos de la Mega Minería de Oro en BCS” por los especialistas de  Medio Ambiente y Sociedad; el mismo sábado se presento el espectáculo de teatro, fotografía y música  “Cuando Hable la Tierra”  del Movimiento Guaycura; Cabe mencionar que estos dos últimos grupos así como el grupo de teatro Ollín  han sido grupos beneficiados por los donativos de FASOL.

El festival finalizo con un evento en donde hubo stands informativos de diferentes grupos socio-ambientales, malabares, grupos musicales, exposición fotográfica, talleres para niños, performances, teatro, danza aérea, etc. todcon el tema de la importancia de la preservación de la Sierra la Laguna y los peligros que corre a causa de la mega minería Tóxica.

La Reserva de la Biosfera de La Sierra  la Laguna, contiene el único bosque de pino-encino de Baja California Sur y la única selva sudcaliforniana de toda la península. Es un sito donde se encuentra una enorme variedad de especies endémicas (flora y fauna de gran variedad). El 80% del agua dulce que se utiliza los municipios de La Paz y Los Cabos proviene de este sitio.  Además, se sabe de vestigios arqueológicos e históricos en el área. Por tal motivo es considerada de vital importancia y ha sido declarada área natural protegida  por la UNESCO

La reacción de los pueblos contra el modelo extractivo es cada vez más intensa y se está conformando una alianza de hecho entre diversos sectores sociales. Hace pocos meses fueron los obreros que construyen la central hidroeléctrica de Jirau, sobre el río Madera, en el estado brasileño de Rondonia, los que se levantaron contra las pésimas condiciones de trabajo. Hace dos años fueron los indígenas amazónicos de Bagua, en Perú, los que enfrentaron las concesiones petroleras, con un saldo de más de 30 muertos.

En junio el levantamiento fue en el sur peruano, abarcó buena parte del departamento de Puno y se dirigió contra proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde hace varios años la resistencia a la minería viene creciendo en toda la región. Tambogrande y Ayavaca se inscribieron en los últimos años en la historia de la resistencia a la minería, ambos en el norte peruano. Hace dos meses, en Cocachacra, en el sur del país, la población consiguió frenar el proyecto minero Tía María. Allí donde la población puede expresarse, lo hace masivamente contra la minería trasnacional.

El reciente levantamiento en Puno tiene algunas particularidades que muestran un camino. En primer lugar, fue una lucha extensa e intensa: 45 días de paros, en los cuales hubo seis muertos y 30 heridos por la represión ordenada por el presidente Alan García Pérez, que en pocos días dejará el gobierno. Por dos veces los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, la principal ciudad del departamento, con unos 300 mil habitantes. Lo consiguieron, pero la represión se cobró cinco muertos. Palos y hondas contra fuego real.

Desbordando la contención policial, las multitudes sitiaron la ciudad, quemaron la comisaría de Azángaro y destrozaron locales de varias trasnacionales en Juliaca, según informa el mensuario Lucha Indígena, dirigido por Hugo Blanco. Las principales formas de lucha fueron los paros indefinidos, con masivos cortes de carreteras y marchas de varios días hasta las ciudades, que llegaron a reunir hasta seis comuneros.

En segundo, fue una lucha masiva en la que participaron comunidades aymaras y quechuas, campesinos, trabajadores urbanos, comerciantes, estudiantes y profesionales, y contó por momentos con el apoyo de autoridades locales. Se consiguió tejer un vasto frente social. El Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno fue uno de los referentes principales, pero no el único, ya que se trató de una amplia convergencia, en la cual participan organizaciones locales y de base, y otras que integran la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería).

En tercer lugar, no fueron acciones locales ni contra una empresa. La resistencia se focalizó contra el proyecto hidroeléctrico Inambari, un conjunto de cinco represas para proveer de energía a Brasil, que viene siendo cuestionado desde hace varios años porque desplaza miles de campesinos y afecta los ecosistemas. Pero también contra la explotación minera Santa Ana de la canadiense Bear Creek Mining. Además, se unieron a la lucha las comunidades que quieren la limpieza del río Ramis, contaminado por minería formal e informal, y los que rechazan otros emprendimientos mineros en uno de los departamentos más pobres del país.

En cuarto lugar, los sucesos de Puno muestran que la oleada contra el modelo extractivo en Perú se expande desde las iniciativas puntuales, en general contra la minería, hacia confluencias entre luchas de diversos departamentos. A finales de junio, mientras ardía Puno, se realizó un encuentro en Islay (sur de Arequipa), donde se registró la resistencia a la mina Tía María en Cocachacra, en el que participaron comunidades afectas de Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Arequipa.

La tendencia viene siendo a la generalización del conflicto en toda la sierra andina y parte de la selva amazónica. El gobierno deja 227 conflictos sociales y ambientales no resueltos, tres veces más de los que encontró García hace cinco años cuando ocupó el Palacio de Gobierno. Su sucesor, Ollanta Humala, anunció que aumentará los impuestos a la minería y el agronegocio para poder cumplir sus metas sociales, entre ellas pensiones vitalicias a los mayores de 65 años y construcción de colegios y hospitales.

Es poco probable que esas medidas consigan frenar la actual oleada andino-amazónica contra el modelo extractivo, que viene creciendo desde las profundidades de la sociedad peruana desde hace más de una década. La población del sur y de las regiones donde se asientan los más resistidos proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros ha votado masivamente por Humala. En Puno, alrededor de 80 por ciento en varios distritos. Sin embargo, no esperaron que asuma el nuevo presidente para que resuelva sus problemas.

Todo indica que no habrá tregua, aunque un descenso significativo de la represión conseguirá desdramatizar los conflictos. Hay dos hechos que hacen pensar que la resistencia al modelo seguirá su curso. La primera es que existe plena conciencia que se trata de una tregua, ya que los proyectos han sido aplazados pero en modo alguno anulados. El capital trasnacional no va a permitir que el Estado peruano incumpla sus compromisos y multiplicará sus presiones.

En el caso de la hidroeléctrica Inambari, Brasil está muy interesado en asegurar y diversificar sus fuentes de energía. Los gobiernos de Lula y García firmaron en 2010 un acuerdo para el suministro de hidroelectricidad. Humala pudo llegar a la presidencia, entre otras razones, por el apoyo del gobierno brasileño que se concretó en la presencia directa de dos asesores personales de Lula.

La segunda es que hay cada vez mayor conciencia de que no se derrota el modelo a escala local ni por caminos legales. El poder del capital trasnacional es tan fuerte, tan densa la malla legal que lo protege, y tiene tanta capacidad de corromper, que sólo será posible ponerlo en fuga con levantamientos simultáneos en las más diversas geografías. Quizá estemos asistiendo a los primeros pasos en esa dirección.

Fuente:

La Jornada

Mientras en el continente crecen las protestas contra las patentes y “derechos de obtentor” sobre las semillas, en México esto se promueve en las leyes estatales de “Fomento y protección del maíz criollo” que se aprobaron en Tlaxcala y Michoacán. Ahora, una diputada del PAN presentó una iniciativa copiada de éstas, para Oaxaca.

En todo el mundo, las transnacionales están en campaña para monopolizar las semillas, llave de todas las redes alimentarias. En mayo de 2011 Chile aprobó, en un albazo parlamentario, la incorporación de ese país a la versión 1991 del tratado UPOV (Unión para la protección de nuevas variedades vegetales, por sus siglas en francés). Ese tratado es marco de los llamados “derechos de obtentor”, que son una forma de registro para privatizar las semillas, prácticamente tan restrictivo como las patentes. En ambos casos (patentes y derechos de obtentor) se trata de impedir legalmente que las semillas sean de libre circulación, para obligar a comprarlas a las trasnacionales y, sobre todo, que no se puedan replantar, es decir, que criminalizan el acto esencial de la agricultura: producir, reproducir y usar semillas para la próxima siembra.

Esto desató una ola de protestas de movimientos y organizaciones chilenas (entre otras CLOC Vía Campesina Chile, ANAMURI, Confederación Ranquil, Asamblea Mapuche de Izquierda, Coordinadora de Estudiante por la Agroecología, Marcha Mundial de Mujeres-Chile, TERRAM, Grain, CENDA, CEDEM, RAPAL, OLCA), apoyadas por organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sociales de toda América Latina, como la Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y otras.

El 20 de junio 2011 organizaciones campesinas y sociales chilenas presentaron argumentos sobre la inconstitucionalidad de UPOV 91 en una audiencia pública frente al Tribunal Constitucional de Chile. Camila Montecinos de Grain, señaló que UPOV 91, con los derechos de obtentor, “restringe y prohíbe el uso, intercambio y libre acceso a una de las herramientas fundamentales e insustituibles de la agricultura, y con ello vulnera el derecho a trabajar y disfrutar de los frutos del trabajo por parte de comunidades indígenas y de mujeres y hombres campesinos y agricultores”. UPOV 91, continuó Montecinos, “permite la apropiación ilegítima del fruto del trabajo ajeno. El Artículo primero define como “obtentor” a quien descubra una nueva variedad. Las variedades de cultivos son, sin excepción, fruto del trabajo humano; no existen variedades de cultivo que hayan surgido por sí solas. Por tanto, quien las “descubra” está en realidad teniendo acceso a una obra ajena. Registrarla como propia, en cualquier caso, equivale a un robo” (ver la presentación en www.biodiversidadla.org)

Paradójicamente, en México los derechos de obtentor y patentes sobre el maíz, además de ser activamente promovidos por las trasnacionales semilleras y de transgénicos y por las leyes nacionales de semillas, se promueven en las leyes estatales mal llamadas de “Fomento y protección del maíz criollo como patrimonio alimentario”. Esas leyes, que curiosamente llaman criollo al maíz que en México siempre es nativo (criollo quiere decir que vino de otro lado y fue criado aquí), establecen también la instauración de registros de variedades campesinas y directorios de productores, abriendo a las autoridades nuevas oportunidades de intervenir en la autonomía y la vida campesina, coadyuvando para que este control pueda ser utilizado, en conjunto con otras normativas, para criminalizar el libre intercambio y las formas tradicionales campesinas de cuidar las semillas.

A partir de la denuncia que hizo la Red en Defensa del Maíz en marzo 2011, varios hemos denunciado los peligros de estas leyes (ver artículos en La Jornada de Ana de Ita, Ramón Vera, Álvaro Salgado, entre otros), aunque sus promotores las presentaron como un logro en la defensa contra los transgénicos. En realidad, estas leyes establecen el canal para aprobar transgénicos a nivel estatal, pero, según sus promotores tiene “candados” que hacen que tal aprobación debería ser negativa. El argumento es frágil, pero si funcionara para impedir los transgénicos, me daría gusto. Pero como expresé ya en otros artículos, esto está lleno de huecos y es nada más una posibilidad que depende de muchos factores externos, incluyendo quiénes sean las autoridades, factor por demás variable y corruptible en el país. Y de todos modos, si Monsanto y sus amigos deciden que les interesa realmente entrar en alguno de esos estados, se aplicará la jerarquía de leyes nacionales sobre estatales, y los “candados” volarán por los aires.

Lo que en ningún caso se explica es por qué además estas leyes defienden las patentes sobre la vida, los derechos de obtentor para el maíz campesino y las denominaciones de origen, todos mecanismos que sólo favorecen a las transnacionales semilleras y de transgénicos, diciendo además que es “parte de la protección y el fomento del maíz criollo”. Salvo que en ese caso el término criollo esté usado literalmente y se refieran a proteger el maíz deMonsanto.

La iniciativa de ley presentada en Oaxaca replica los mecanismos de control contra las comunidades y semillas campesinas e introduce otros elemento perverso, como la necesidad de “validar las razas” para comprobar “su autenticidad”. Un nuevo ejemplo de que quienes promueven estas leyes, en el mejor caso, no entienden lo que de verdad hay que defender.

El maíz no existe sin las comunidades que lo crearon. Defender el maíz es defender los derechos integrales de los pueblos indios y campesinos, no leyes para que los gobiernos los controlen mejor.

Fuente:

La Jornada

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

A Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México.

A Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador el Estado de Nayarit.

A Elías Ayub, Comisión Federal de Electricidad (CFE). A la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Antonio Dehesa, residente “socio ambiental” en la Yesca y Las Cruces.

A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Nayarit.

A Amnistía Internacional A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (OACNUDH).

Integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER), de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y de la Red Manglar Internacional, han recibido amenazas de muerte por su trabajo en la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos en el estado Nayarit.

Del mismo modo miembros del equipo Pro-Regiones que es un proyecto de investigación mancomunado del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIS-UNAM) y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Las amenazas de muerte se han dado en el contexto del trabajo de formación e información sobre las pretensiones del gobierno federal de construir el Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”, de las repercusiones sociales y ambientales del tal proyecto.

Los que firmamos esta carta, exigimos el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento del Estado de Derecho, alto a las amenazas de muerte e intimidaciones así como las garantías de seguridad a los integrantes del Grupo Ecológico Manglar, A.C., y a los investigadores y miembros de la academia de las Universidades que conforman el equipo Pro-Regiones.También exigimos que se cumpla la normatividad internacional respecto a la construcción de este tipo de obras, cabal cumplimiento a las directrices de la Comisión Mundial de Represas (CMR), consulta previa libre e informada a las comunidades que se pretenden desalojar y afectar; la búsqueda de alternativas viables y ambientalmente sustentables. Atentamente, las 128 organizaciones y movimientos sociales de una veintena de países y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, que ponemos los ojos sobre Nayarit y las actuaciones de la CFE:

1) Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas (MAPDER)

2) Red Manglar México

3) Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos (REDLAR)

4) Red Manglar Internacional

5) Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)

6) Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)

7) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

8.) Jubileo Sur México

9) Mujeres y Punto A.C (DF)

10) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) (Jalisco)

11) Marea Creciente México

12) Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México (Chiapas)

13) Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.

14) Taller de Desarrollo Comunitario (Guerrero)

15) Bios Iguana A.C. (Colima)

16) Centro Mexicano de Justicia Ambiental (Guanajuato)

17) Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

18) Pro San Luis Ecológico A.C. (San Luis Potosí)

19) Unión de Grupos Ambientalistas, IAP

20) LAVIDA (Veracruz)

21) Cacto Azul A.C. (Sonora)

22) Tianguis Indígena Multicultural, A.C. (Oaxaca)

23) Guardianes de los Árboles, A.C (Morelos)

24) Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)

25) Grupo Ecologista del Mayab A. C. (Quintana Roo)

26) Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) (DF)

27) Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Guerrero)

28) Círculo Gema A. C. (Quintana Roo)

29) Alianza Sierra Madre A.C. (Chihuahua)

30) Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

31) Mujer y Medio Ambiente (DF)

32) Unión Campesina Zapatista del Sur (UCAZ) (Jalisco)

33) MOCE YAX CUXTAL A.C. (Quintana Roo)

34) La Ventana, Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional, A.C., (Oaxaca)

35) Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) (DF)

36) Yaxché, Árbol de la Vida (México)

37) Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio (RMALC)

38) Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).

39) Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo (Jalisco)

40) Unión de Comunidades Costeras, Compostela (Nayarit)

41) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) (DF)

42) Red de Género y Economía (Redge)

43) Centro de Información de y para Trabajadores y Trabajadoras (CITTAC), (Tijuana, B.C.)

44) Colectivo Coa (Jalisco)

45) Frente Auténtico del Trabajo (FAT)

46) Radio Comunitaria Totlahtol, la palabra de todos y todas (Veracruz)

47) Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos (Oaxaca)

48) Ciudadanos Hartos (León)

49) Mujeres para el Diálogo, AC. (DF)

50) Sociedad Interdisciplinaria para la Educación, Mejoramiento del Bienestar Rural y Agroecología, A.C. (SIEMBRA) (Morelos)

51) Alianza para la protección y desarrollo de la costa de Chila (Nayarit)

52) Pastoral Social Diocesana de Nuevo Laredo (Tamaulipas)

53) Centro Social Ymelda Tijerina, AC de Monterrey. (Nuevo León)

54) Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, A.C. (UCIZONI) (Oaxaca)

55) Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Veracruz) 56) Colectivo Juvenil de Comunicación del Consejo de Ejido y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CEOP) (Guerrero)

57) Caracol Azul Radio

58) Radio Zapote ENAH (D.F.)

59) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero)

60) Centro de Apoyo al Trabajador A.C.

61) La Voladora Radio (EdoMex)

62) Comité de Defensa de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, A.C. (DF)

63) Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (Chiapas)

64) Colectivo Hoja Verde (D.F.)

65) Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una Vida Libre de Violencia

66) Alianza Jaguar, A.C (Nayarit)

67) Movimiento Ciudadano Ecologista de León (MOCE)

68) Red Nacional de Mujeres Radialistas

69) Medio Ambiente y Sociedad, A.C., (México)

70) Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, A.C. (CIDEM) (Veracruz)

71) Greenpeace (México)

72) Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) (DF)

73) Frente Democrático Campesino (FDC) (Chihuahua)

74) Centro de Derechos Humanos “Bety Cariño” (Veracruz)

75) Alianza Cívica Coahuila

76) Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (ALAMPYME)

77) Greenpeace (Voluntarios León)

78) Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) (Tabasco)

79) Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (Educa) (Oaxaca)

80) Todos Jalisco

81) Red Nacional de Jóvenes Indígenas (RENJI)

82) Restauración y Desarrollo del ANP Cerro del Cubilete (León)

83) Frente Amplio contra la Supervía poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente (DF)

84) Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativa (Comcausa)

85) DECA Equipo Pueblo (DF)

86) Centro de Investigación Ambiental “Las Truchas” SC de RL de CV Lázaro Cárdenas (Michoacán)

87) Guerreros Verdes (Guerrero)

88) Bia’lii, Asesoría e Investigación (DF)

89) Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (Chiapas)

90) Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) (Puebla)

91) Colectiva Feminista Binacional (CFB), Frontera norte

92) Sociedad Organizada en Lucha (SOL / MUP-CND)

93) Alianza de la Costa Verde (Nayarit)

94) Fundación Animare (León)

95) IKOMAN ILEL (Chiapas)

96) Unión Popular Valle Gómez (UPVG) (DF)

97) Alianza Cívica Querétaro (ACQ)

98) FIAN-México

99) Sindicato Independiente y Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura (SIDTPA)

100) Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC / antes Sindicato de Euskadi)

101) Grupo Tacuba (DF)

102) Taller Ecologista (Argentina)

103) REDES/Amigos de la Tierra Uruguay.

104) Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADESS) (El Salvador)

105) CENSAT/AGUA VIVA – Amigos de la Tierra Colombia 106) Movimiento Madre Tierra (Honduras)

107) Centro de Estudios Regionales de Tarija (CERDET) (Bolivia)

108) Southwest Workers Union (SWOU) (Estados Unidos)

109) Ceiba/Amigos de la Tierra Guatemala

110) Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

111) Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)/Amigos de la Tierra El Salvador

112) Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) (Cuba)

113) Grupo Amigos del Río Pacuare (Costa Rica)

114) Ecoportal.Net (Argentina)

115) Otros Mundos Colombia.

116) Agricultural Missions, Inc (AMI) (Estados Unidos)

117) Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas “Rios Vivos”

118) Coordinación Nacional para la Defensa de los Ecosistemas de Manglar (CONDEM) (Ecuador)

119) CoecoCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica

120) Consejos Indígena Nahuatl y Chorotegas de Nicaragua (MONEXICO)

121) Consejo Cívico de de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

122) Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología (GALFISA) (Cuba)

123) International Rivers (Estados Unidos)

124) Amigos de la Tierra (Brasil)

125) Comité para la Defensa y Desarrollo de de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) (Honduras)

126) Global Greengrants Fund (Estados Unidos)

127) REDLAR Costa Rica.

128) Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) (Haití)

129) ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DE HUEHUETENANGO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO -ADH-

130) CONSEJO DE PUEBLOS DE OCCIDENTE -CPO-

131) Movimiento Ecologista de Tabasco A.C.

Señalan empresarios “incongruencia” de medidas ambientales para turismoCriticaron la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 059, que prohíbe construir sobre el mangle, y a la vez lanza el Acuerdo Nacional por el Turismo, que propone incluir a México entre las cinco potencias mundiales.Playa del Carmen, QR. Empresarios turísticos de Quintana Roo calificaron de “incongruente” que el gobierno federal haya lanzado el Acuerdo Nacional por el Turismo, que propone incluir a México entre las cinco potencias mundiales de ese sector con la llegada de 50 millones de turistas anuales, y a la vez implemente mayores medidas regulatorias en el tema ambiental.Reunidos en el Foro Nacional de Turismo, que se realiza en esta ciudad, los empresarios criticaron la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 059, que prohíbe cualquier construcción sobre el mangle, y dijeron que esa medida impedirá el crecimiento del país.Cristina Alcayaga, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, dijo que “de no tener leyes ambientales, tenemos ahora una sobre-regulación que impide el desarrollo”, lo cual impedirá el crecimiento turístico.“Vemos una incongruencia porque no tenemos suficientes habitaciones para traer 50 millones de turistas, y las regulaciones ambientales no permiten construirlas”, dijo.Por su parte, Orlando Arroyo Marroquín, presidente del Grupo Sunset, dijo que actualmente México tiene 600 mil cuartos de hotel y el Acuerdo Nacional propone subirlos a un millón, lo cual no podrá alcanzarse.“Aunque están bien señaladas las metas, sin una política congruente del gobierno federal no sirven para nada”, dijo. “Por un lado, la Sectur pone estas metas, cuando la Semarnat dice que por ejemplo en este estado el mangle ya no se puede tocar”.
Fuente: La Jornada

Señalan empresarios “incongruencia” de medidas ambientales para turismoCriticaron la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 059, que prohíbe construir sobre el mangle, y a la vez lanza el Acuerdo Nacional por el Turismo, que propone incluir a México entre las cinco potencias mundiales.Playa del Carmen, QR. Empresarios turísticos de Quintana Roo calificaron de “incongruente” que el gobierno federal haya lanzado el Acuerdo Nacional por el Turismo, que propone incluir a México entre las cinco potencias mundiales de ese sector con la llegada de 50 millones de turistas anuales, y a la vez implemente mayores medidas regulatorias en el tema ambiental.Reunidos en el Foro Nacional de Turismo, que se realiza en esta ciudad, los empresarios criticaron la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana 059, que prohíbe cualquier construcción sobre el mangle, y dijeron que esa medida impedirá el crecimiento del país.Cristina Alcayaga, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, dijo que “de no tener leyes ambientales, tenemos ahora una sobre-regulación que impide el desarrollo”, lo cual impedirá el crecimiento turístico.“Vemos una incongruencia porque no tenemos suficientes habitaciones para traer 50 millones de turistas, y las regulaciones ambientales no permiten construirlas”, dijo.Por su parte, Orlando Arroyo Marroquín, presidente del Grupo Sunset, dijo que actualmente México tiene 600 mil cuartos de hotel y el Acuerdo Nacional propone subirlos a un millón, lo cual no podrá alcanzarse.“Aunque están bien señaladas las metas, sin una política congruente del gobierno federal no sirven para nada”, dijo. “Por un lado, la Sectur pone estas metas, cuando la Semarnat dice que por ejemplo en este estado el mangle ya no se puede tocar”.
Fuente: La Jornada