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La minería en el fondo del mar es un proceso de extracción mineral relativamente nuevo, que se da lugar en el fondo marino. Los yacimientos de minería oceánica se suelen hacer en torno a grandes áreas de nódulos polimetálicos o fuentes hidrotermales activas o extintas a unos 1.400-3.700 metros bajo la superficie oceánica.1 Las fuentes hidrotermales crean depósitos de sulfuros que contienen metales preciosos como plata, oro, cobre, manganeso, cobalto y zinc.2 3 Los depósitos son extraídos utilizando bombas hidráulicas o sistemas de cubeta que llevan el mineral a la superficie para ser procesado. Como ocurre con todas las operaciones mineras, la minería en alta mar plantea interrogantes acerca de los daños ambientales de las zonas circundantes.

La extracción minera del fondo oceánico comprende las perforaciones en busca de petróleo y gas, la demolición de los arrecifes coralinos y el dragado del lecho del mar para obtener diversos minerales. Mientras que la industria del petróleo y gas lleva más de 60 años firmemente instalada en mar abierto (en la actualidad, casi un tercio del petróleo mundial tiene este origen), la mayoría de las extracciones en el lecho marino todavía no han dado sus primeros pasos, al resultar más caras que las ubicadas en tierra.
No obstante, esta situación podría cambiar en los próximos años. El ritmo de producción de los yacimientos terrestres ha decrecido en algunos casos de manera significativa. Por ejemplo, la producción mundial de oro se ha ido reduciendo en los últimos años debido al agotamiento de las principales minas mundiales, siendo las caídas más fuertes en Canadá, Sudáfrica y Australia. Por el contrario, la demanda de este preciado metal no deja de crecer, y los expertos consideran que el desarrollo económico de Asia y China incrementará aún más dicha demanda, y con ello, los precios.
Por ello, empiezan a surgir buscadores de fortuna convencidos de que en el fondo marino yace el nuevo Dorado. Su objetivo principal se encuentra en las apagadas fumarolas marinas, fisuras entre la unión de placas tectónicas por las que fluye agua caliente y en donde se sabe que hay gran cantidad de minerales y metales como oro, plata, cobre o zinc.
Inconvenientes técnicos y medioambientales
Algunos expertos recalcan los inconvenientes medioambientales y técnicos de estos sistemas. Rod M. Fujita, ecólogo marino de la organización “Defensa Medioambiental” destaca que la perforación del fondo marino puede levantar enormes nubes de polvo y arena. Este “smog marino”, como lo ha denominado, podría provocar la muerte de gran cantidad de vida marina, al ser ingerido por los seres vivos o al reducir la cantidad de luz proveniente de la superficie, dificultando así la fotosíntesis de la flora submarina.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), si los sistemas de extracción de los diversos tipos de fondo marino se generalizan, y sobre todo, si algunos de los procesos industriales se hacen en el mar, las consecuencias negativas para las pesquerías pueden resultar importantes. Al igual que el experto de la organización Defensa Medioambiental, la FAO subraya la turbidez creada por la descarga de roca residual.
Por otra parte, los inconvenientes técnicos que hay que superar todavía son muy elevados. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), una organización internacional establecida para controlar la explotación de los recursos marinos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, destaca que el coste operativo de recuperar los minerales y transportarlos a tierra puede ser el gran problema que haga inviable el sistema. Asimismo, los expertos recuerdan que hará falta desarrollar la tecnología que permita alcanzar profundidades mayores.

Situación actual de extracción minera en México. ¿A que se debe esa “explosividad de extracción minera”?

“En México y muchas otras naciones de América Latina, la actividad minera está creciendo de manera alarmante. La crisis económica global ha disparado, por un lado, la demanda de oro y plata como refugio para los capitales en crisis por la especulación. Otro punto es la demanda de minerales metálicos y no metálicos está aumentando debido al crecimiento de economías como la de China e India y esto ha generado que el tema se vuelva rentable, los yacimientos menos productivos, favorecidos por las modificaciones legales y la des-regulación laboral y ambiental.

En países como México, la actual situación de invasión de inversiones mineras debe entenderse como resultado de un proceso de apertura y des regulación originado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esto condujo a preparar la economía y territorio nacional, mediante modificaciones legales profundas. En México, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria.

La actividad minera se regula en México por varias leyes, pero la principal es la Ley Minera. La Ley Minera mexicana contradice los fines establecidos en la Constitución Mexicana, como el de aprovechar los recursos naturales para el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos (Art. 27).

La Ley Minera mexicana declara a la minería como de utilidad pública, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Este hecho de declarar de utilidad pública las actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales, permite que el Estado expropiar a los dueños de las tierras donde existen los minerales si es considera que esa medida es necesaria para que la actividad minera se lleve a cabo. La ley de minería mexicana es la expresión del capitalismo salvaje.

“Un dato impresionante es que el 30 porciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 porciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 porciento de la tierra de propiedad social.”

Lo que sucedió fue un abuso en la noción de utilidad pública. En el caso de la minería, ninguno de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de México respecto a la “Tesis de utilidad pública” se cumple: porque el bien expropiado (las tierras y las aguas de las comunidades) no se destina a la provisión de un servicio público; la actividad no está orientada a satisfacer de manera inmediata y directa a una clase social determinada,

y no está dirigida a satisfacer la necesidad del país, para enfrentar situaciones que le afecten como entidad política o internacional (utilidad nacional).”

Esto ha llevado al despojo de campesinos e indígenas como proyecto. No existe ni interés público ni utilidad pública, sólo interés privado y utilidad particular. Lo que sucede es que se le dio ese nombre para, en caso de oposición de los propietarios de los predios, evitarse tener que respetar sus derechos y optar por despojarlos legalmente de ellos. Aquí la indemnización que se pudiera pagar a los expropiados y su monto pasan a segundo término ya que finalmente no se respetará su derecho de beneficiarse de los recursos existentes en sus tierras.”

¿Gobierno mexicano respetuoso del Estado de Derecho?

“Lo que ha venido sucediendo es una violación a los derechos de la población y al mismo derecho internacional con base en esta disposición. Los concesionarios pueden pedir que un terreno ocupado por un pueblo sea desocupado para que ellos puedan realizar sus actividades; que unos terrenos dedicados a la siembra de alimentos dejen de dedicarse a ello por la minería; que terrenos dedicados a la actividad forestal o silvicultura corran la misma suerte que los anteriores. Tratándose de pueblos indígenas la misma disposición puede ser el fundamento legal para que sus lugares sagrados o de rituales, contribuyen al mantenimiento de su identidad, sean arrasados o destruidos. La Ley Minera mexicana es entonces contraria a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a derechos de los pueblos indígenas.

Recordemos que la crisis mundial impulsa la fiebre minera en México y América Latina. Ha habido una demanda creciente de metales es la expresión mundial del aumento de la producción y venta de vehículos automotores, aviones, barcos, materiales de construcción, robots industriales, computadoras y otros dispositivos de alta tecnología, componentes, todo ellos, de la actual globalización de las fábricas y las ciudades. Debido al contexto de crisis internacional, la coyuntura de altos precios internacionales de los metales, las concesiones de proyectos de prospección y explotación minera en México se han incrementado de manera notable durante los últimos 10 años.

¿Cuántos proyectos de exploración y explotación minera están aprobados en el territorio mexicano?

“Uno de los principales países que ha encontrado la “huaca de oro” en México, han sido empresas extractoras mineras canadienses. Para el 2010, en México se contabilizó un total de 724 proyectos disgregados en territorio, donde 534 (74%) es inversión del Canadá.

Un dato impresionante es que el 30 porciento del territorio mexicano ya ha sido concesionado para minería y según el Estado, el 70 porciento del país es un “potencial para la minería”. Si eso se analiza a la luz de que la mitad del territorio mexicano está en manos de pueblos indígenas y campesinos, significa un potencial de expropiar el 50 porciento de la
tierra de propiedad social.”

A mayor concesión, mayor proliferación de conflicto.

“En México, los conflictos socio-ambientales y laborales por la imposición de proyectos mineros trasnacionales también se han multiplicado.

Los conflictos de las comunidades locales mexicanas con los proyectos mineros no sólo denuncian el despojo de tierras,

sino que también denuncian la contaminación de las aguas, el aire, el deterioro de la salud de las comunidades vecinas a las minas, la explotación de los trabajadores y las violaciones a las leyes (evaluación del impacto ambiental, violación de los procedimientos jurídicos, represión y violación de derechos humanos e invasión de áreas de conservación ecológica).

Un ejemplo claro es la explotación de la mina de oro “Caballo Blanco” en el municipio de Actopan. Esta mina ubicada en Veracruz, esta ubicada a 3 kilómetros de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde. Al ubicar la mina tan cerca de la planta nuclear, ésta se convierte en una zona de “alto riesgo“ para todo la población. Por ejemplo, al haber actividad minera, hay grandes movimiento de tierra y eso puede provocar fisuras en los reactores de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde, originaría un grave daño ambiental, implica acabar con los recursos minerales y naturales, provocaría desalojar a la población de sus propiedades -sea por la vía de compra o expropiación- competencia y habrá conflictos por el agua y sobre todo, que expone en riesgo a todo Veracruz por una fuga de energía atómica. Lo que aquí esta en juego es la existencia de todo un territorio.

Por eso los conflictos mineros deben ser examinados en el contexto de la catástrofe ambiental que sufre hoy todo el país. Los conflictos mineros están también vinculados con otros conflictos ambientales relacionados con el despojo de aguas, el emplazamiento de confinamientos de residuos tóxicos y el uso de los minerales para la producción industrial altamente contaminante.

En México, existen más de 200 conflictos ambientales relacionados con

procesos de explotación de los recursos naturales, el despojo

de tierras y aguas y sus impactos sobre los ecosistemas y la

salud humana de las comunidades afectadas.”

Fuente: http://www.simas.org.ni

Las ciudades deben ser sostenibles. Eso no sólo lo dicen los expertos. Esta idea la expresan continuamente políticos, periodistas y organizaciones alrededor del mundo.  Sin embargo, normalmente delegamos el diseño de los programas dirigidos a cumplir este objetivo a una comunidad relativamente pequeña de personas que hemos convenido llamar “expertos”. Varios de estos personajes están reunidos en instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); dándole a dicha entidad una credibilidad que junto con su músculo económico, otorga un poder que pocos tienen en el mundo. Hace unos veinte años, este organismo, entre otros,  aconsejaba a los países latinoamericanos una serie de políticas cuyo único fin era crecer, crecer y crecer. El llamado Consenso de Washington –una serie de políticas que a finales de la década de los 80s buscaba que los países que acababan de pasar por grandes crisis de deuda externa se acogieran a una fuerte disciplina fiscal, reduciendo sus gastos de manera drástica-. Adicionalmente, se aconsejaba una mayor apertura al comercio internacional y más protección a los derechos de propiedad. Todo esto, se pensaba, era lo necesario para que los países tuvieran un buen crecimiento económico a pesar de sus recientes problemas (Williamson, 2008). Se trataba, entonces, de la más clara muestra de lo que muchos llaman políticas neoliberales. Hoy, esa misma mentalidad es la que el BID busca contrarrestar. La sostenibilidad ha reemplazado al crecimiento económico como concepto de moda. Es esta idea la que llena ahora informes, congresos y políticas públicas que nos afectan a usted y a mí. Para promover la sostenibilidad, el BID lanzó en el 2011 la Red de iudades sostenibles. Se trata de un proyecto dirigido a América Latina, del que hacen parte ciudades como Trujillo (Perú), Manaos (Brasil) y Bucaramanga (Colombia). Esta iniciativa pretende, en alianza con los gobiernos municipales, promover el crecimiento sostenible de ciudades intermedias emergentes; es decir, centros urbanos con poblaciones entre 100.000 y 2’000.000 de habitantes con proyecciones de alto crecimiento demográfico. Promover la sostenibilidad en estos lugares resulta necesario, dado que –según la entidad- es allí donde ocurrirá la mayor parte del crecimiento mundial en los próximos años. Por lo que vendrán mayores  demandas de energía, movilidad y financiamiento, entre otras cosas.  Y si esto no ocurre de manera organizada, los problemas ambientales, urbanos y financieros harán difícil la vida en estos lugares. En este escenario la propuesta del BID se centra en brindar financiamiento y asesoría en una serie de proyectos divididos en tres áreas: sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad urbana. Así, buscan aplicar -de la mano con gobernantes y grupos de interés locales- programas  que han funcionado de forma aislada en otras ciudades.  Algunos de ellos, relacionados con temas como manejo de basuras, congestión vehicular y transparencia en el manejo de recursos públicos. Pero, estos postulados parecen bastante elocuentes, ¿no? Entonces –se puede preguntar usted- ¿por qué la actitud desafiante con la que comienza este artículo? La respuesta es que hay al menos dos cosas que resultan sorprendentes de esta propuesta. La primera, es que venga de la misma entidad que trató de promover la forma de crecimiento que hoy nos tiene en jaque en términos sostenibilidad. La segunda, que se muestre como una propuesta nueva cuando en América Latina es posible encontrar propuestas  similares desde hace cientos de años*1. Pero sin ir tan lejos en el tiempo, podemos seguramente ver en nuestras casas, en  las de nuestros vecinos, o en algún sitio a unas horas en carro, practicas sostenibles como comer más en casa que en restaurantes o sembrar algunos alimentos para consumo propio. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender de estos expertos a deshacer lo que ellos mismos promovieron?, ¿Por qué no pensar en buscar nuestras propias formas de desarrollo o cambio, basándonos en nosotros y no en ellos? Si el proyecto de la Red de Ciudades Sostenibles del BID busca precisamente solucionar los problemas que esta misma entidad –entre muchas otras- generó al promover una serie de políticas que ignoraban y afectaban la relación con el entorno natural, ¿no parece momento de ser un poco más escépticos frente a estas propuestas? Las ciudades son grandes centros de demandas: inmensas cantidades energía, movilidad y alimentos se necesitan cada día. Se demanda en estos sitios más de lo que se puede producir y procesar allí mismo. Entonces, ¿por qué pensar en ciudades sostenibles?, ¿no podría ser esto una contradicción? Esta pregunta no tiene la intención de sugerir que no debe haber esfuerzos en ese sentido. Pero sí invita a reflexionar sobre las posibilidades de las ciudades, ya que los planes deben ser conscientes de sus limitaciones. De lo contrario, podemos tener en veinte años consecuencias como las del Consenso de Washington, que el mismo BID tendrá que ocuparse de resolver.*1 Un ejemplo de esto es la última sección de  El primer nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, publicado alrededor de 1613. Allí, este escritor nacido en lo que es hoy Perú, expone la necesidad de convivir armónicamente con el mundo natural

Jaime Martínez Veloz

La Jornada, 10 de febrero del 2012

Los pueblos indígenas de la sierra Tarahumara y los huicholes que defienden el sitio sagrado del pueblo wixárika, donde abundan la plata y el oro en el subsuelo de Wirikiuta, sobreviven entre el hambre y la riqueza de los recursos naturales de sus tierras y territorios, concesionados a compañías mineras trasnacionales, principalmente.

Ante noticias acerca de la hambruna que existe en la sierra Tarahumara y la información de casos de suicidio, la sociedad mexicana se movilizó en forma solidaria para brindar ayuda humanitaria a los miles de indígenas rarámuris, odamis, tepehuanes, pimas y warijoos que habitan en ese lugar.

Las televisoras no podían dejar pasar la ocasión para presumir su filantropía y mandar unas cuantas limosnas, acompañadas de la respectiva publicidad, donde se enfatice el alma bondadosa de los caritativos medios electrónicos del país. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué tanta pobreza en una región tan próspera económicamente?

El estado de Chihuahua cuenta con una gran cantidad de reservas minerales, es el segundo productor nacional de oro y plata en México. La mitad del territorio del estado, alrededor de 12 millones y medio de hectáreas, ha sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, principalmente canadienses. Del año 2006 al 2010, el valor de la producción minera en el estado ascendió a la cantidad de 84 mil millones de pesos, de cuyo monto no se beneficiaron ni las comunidades ni las finanzas del estado ni del país.

Las dueñas de las concesiones mineras en la sierra Tarahumara son empresas canadienses y del Grupo México, el mismo de la tragedia de Pasta de Conchos en Coahuila. Estas empresas sólo pagan un ridículo impuesto –si es que así se pudiera llamar– de cinco pesos por hectárea. Las empresas facturan en su país de origen, eluden el pago de impuestos en México, tienen proyecciones que indican el ascenso de sus utilidades, y en contrapartida los poseedores originarios de las tierras y territorios se están muriendo de hambre, y cada día se agudizan sus condiciones de miseria y desigualdad.

Frente a esta injusticia, cuyo origen radica en un modelo desigual y un trato inequitativo del Estado mexicano para con los pueblos indígenas del país, los protectores de los consorcios extranjeros, tanto los que tienen a su alcance concesiones en los medios electrónicos, cuyos servicios son contratados para evitar cualquier cuestionamiento de fondo, recurren al viejo expediente de la lástima, la caridad y la limosna, pero evaden abordar el tema de la hambruna de los habitantes de la Tarahumara como una expresión directa de la negación de sus derechos, ligados indisolublemente al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se aborda el tema de los recursos naturales ubicados en las tierras y territorios de los pueblos indígenas mexicanos y el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, que les permitirían a éstas el establecimiento de una correlación de fuerzas diferente frente a las compañías privadas, nacionales y extranjeras, mediante la cual las condiciones de negociación y distribución de la riqueza que se extrae del subsuelo nacional serían otras muy diferentes y mucho menos desiguales.

Otro caso similar es el que viven los pueblos wixaritari, quienes sufren el despojo y el desplazamiento de sus lugares de origen debido al otorgamiento de concesiones mineras a empresas canadienses del centro ceremonial de Wirikuta, con una extensión de más de 140 mil hectáreas, donde existen grandes cantidades de riquezas minerales, que contrastan con la miseria de los poseedores originales de dichas tierras.

A pesar de haberse firmado el pacto de Huauxa Manaka entre cinco gobernadores y el gobierno federal, el 28 de abril de 2008, donde se le aseguraba a los huicholes la preservación de los lugares sagrados, las rutas de peregrinaje y sus recursos naturales, y teniendo como antecedente el hecho de que México es signatario del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a realizar procesos de consulta con los pueblos indígenas para realizar cualquier acción en sus comunidades, fueron argumentos insuficientes para que el gobierno federal entregara 35 concesiones mineras a empresas canadienses sobre un sitio natural sagrado considerado por la UNESCO y que es el santuario más importante de los indígenas huicholes.

El dramatismo que hoy vemos en la Tarahumara y en muchos lugares del país, por los efectos de la hambruna y el despojo de las tierras indígenas, es inversamente proporcional a la campaña infame en donde el gobierno de Ernesto Zedillo para justificar el incumplimiento de lo pactado en San Andrés Larráinzar acusaba a los indígenas mexicanos de querer balcanizar al país y de crear un Estado dentro de otro Estado. Cuánta infamia y cuánto lodo se lanzó en contra de nuestros pueblos originarios, tratando de hacerlos parecer como verdaderos monstruos, cuando hoy vemos cómo los indígenas se están muriendo de hambre.

Frente a esta realidad, no puede ni debe haber olvido: la sociedad mexicana debe movilizarse, las ahora llamadas izquierdas deben entender que no todo es la aspiración por un cargo cueste lo que cueste y atropelle a quien atropelle, y diseñar esquemas de lucha para defender estas causas, como lo hacían las viejas organizaciones políticas de la izquierda cuando éstas ni siquiera registro tenían.

Por ello, hoy más que nunca, se requiere un relanzamiento de un movimiento nacional, desde todos los frentes, todos los estados, todos los pueblos y todas las organizaciones, para exigir el cumplimiento irrestricto de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los términos pactados entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996. Esa es la única forma de detener el saqueo nacional y las injustas condiciones de vida a las que el Estado mexicano ha condenado a los pueblos indígenas de México.

Los intereses económicos están a punto de devastar la zona y los conflictos comienzan a escalar a partir de la intrusión de proyectos mineros e incursiones militares, denuncian.

Hermann Belinghausen, enviado
Publicado: 08/02/2012 10:37

Estación Catorce, SLP. Causó gran impacto en toda la región del Altiplano potosino la movilización de los pueblos wixarika, concluida ayer martes en el cerro El Quemado. Desde días antes, mientras los peregrinos “huicholes” iniciaban sus trayectos hacia Wirikuta, en estos pueblos y ejidos, y hasta las en cierto modo distantes ciudades de Matehuala y Saltillo, la noticia corría de boca en boca, por la radio, los sermones en las parroquias, y ya en las vísperas, los noticieros. Todos sabían a qué venían los indígenas. A protestar y defender las tierras del desierto que, como los marcianos de la canción, llegaron ya.

Los conflictos comienzan a escalar, cuando en Santa Gertrudis la intrusión del Proyecto Universo, de una gran minera canadiense, Revolution Resources, está causando desalojos violentos, incursiones del Ejército federal para reprimir y expulsar a pobladores. Un líder fue detenido por la policía estatal y se encuentra preso. Al parecer, justo debajo del poblado pasa una gran veta de oro que recorre el desierto en su extremo poniente.

A diferencia de los wixaritari, que han convivido con este desierto durante siglos, y con estos ejidos casi un siglo más, y que se oponen en bloque a la minería y la agroindustria tomatera, muchos ejidatarios han cedido a las presiones del gobierno y las empresas, y está rentando o vendiendo sus tierras sin resistencia. Muchos de ellos son agricultores y criadores de cabras, tan desalentados como las mujeres, con frecuencia sin marido, pues se les fue “al norte”.

-Mejor que vengan las mineras a dar trabajo que morirnos de sed, sin empleo ni dinero. Los huicholes no nos van a dar empleo, y si todo es por su peyote, pues las tierras son nuestras y ahí sí ni modo- dice una comerciante, ya mayor, en esta estación ferrocarrilera que solía tener más vida cuando pasaba el ferrocarril de pasajeros del norte.

Pocos ejidos se han negado a vender, como Las Margaritas y San Antonio el Coronado. En las ciudades, los opositores a las mineras son reprimidos. En Charcas, que ya es una población minera pero cuenta con zonas rurales, han sido quemadas casas de los inconformes, al sur del desierto. Mientras en el extremo norte, Cedral, presuntos narcotraficantes han amenazado a quienes se oponen a las tomateras, el otro invasor y destructor del altiplano.

La presencia de pistoleros y grupos de extorsión han causado que en Vanegas esté ya un campamento militar, y hace un par de meses se suscitaran un enfrentamiento y una persecución que llegó al pedregoso camino que asciende a Real de Catorce, donde tras un nuevo enfrentamiento murieron dos presuntos delincuentes. A nivel coloquial, todos los llaman “zetas”. Eso dicen ser.

Aquí los campesinos viven de lechuguilleros, cabreros, agricultores. Pero este año el maíz no creció ni veinte centímetros. Se trata de una región azotada por esos males hoy tan extendidos en México: sequía crónica, pobreza, desempleo, minería a escala masiva, abandono gubernamental, delincuencia organizada, incipiente militarización, desencanto y miedo de la población.

Tanto ejidatarios como wixaritari hablan de que se deben encontrar soluciones que beneficien a los agricultores y comerciantes del desierto, que detengan la emigración y puedan tener aquí una buena vida, disfrutando este territorio que es duro, pero también ha sido generoso hasta hace poco. Los intereses económicos están a punto de devastarlo.

“Un centro ceremonial grandísimo, de más de 140 mil hectáreas”, según lo ve un peregrino wirárika. Una literal mina de oro para los inversionistas internacionales. Un lugar sin futuro para muchos de sus pobladores. Una reserva natural inigualable según los científicos y los ambientalistas.

Estado: Sonora

La misión del grupo es lleva un registro de las aves que llegan a la comunidad de la reserva Seri y enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la conservación y el respeto a estas.
Con el fondo de FASOL se continuara el monitoreo de aves, limpieza de zonas de anidación, historias y canciones de aves comcaac; se visitaran a las personas mayores del pueblo   para registras canciones e historias que posteriormente se puedan plasmar en un libro. Se comprara equipo para redactar las historias.

Estado: Sonora

Participar el la planeación y ejecución de proyectos prioritarios de conservación bio cultural en el territorio comcaac (SERI), con el fin de mejorar las condiciones del medio ambiente, recursos naturales, promover el manejo sustentable de los  mismos así como también recatar la cultura indígena Seri. El fondo se usara para las siguientes actividades:  1. Cubrir los costos de los principales gastos administrativos que la organización genera contabilidad, gestión y manejo bancario, material de oficina durante el año etc. 2. Elaborar un plan de trabajo anual y a largo plazo de la organización en forma participativa con miembros de la organización; 3. Creación de website y boletín electrónico; 4. Gestionar recursos presentando proyectos a otras organizaciones.

El grupo quiere continuar la segunda etapa de la conservación de tortugas marinas, haciendo monitoreo cada año, con la participación de mas jóvenes y niños de la comunidad. Con el fondo de parte de FASOL se realizaran las siguientes actividades: Monitoreo, recorridos y campamentos, captura, marcaje, registro y liberación de tortugas en tres sitios en el canal del infiernillo e isla tiburón. Esta actividad se realizara una vez cada dos veces. Limpieza de playas de la comunidad de punta chueca una vez cada tres meses o cuando hay acumulación de basura. Educación ambiental, capacitación de nuevos.

Estado: Sonora

Monto del Donativo: $50,000.00 MXN

El objetivo del grupo es recuperar y fortalecer las costumbres y tradiciones de la etnia mayo, capacitando y sensibilizando comunidad en diferentes ámbitos, así como gestionar y desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de las comunidades mayo. El apoyo de FASOL contribuirá para la formalización legal del comité de Indígenas Mayos, de La Bocana para lo cual se realizará un taller para elaborar los estatutos y se gestionará la escritura pública y la obtención de permisos y registro. Se creara de enseñanza de dialecto, se gestionara ante la CDI y el gobierno de Sonora la donación de libros para el proyecto; se diseñará un plan de estudios junto con un maestro bilingüe, y se convocará a la comunidad par que anticipe y se le dará difusión al proyecto.

Estado: Sonora

Monto del Donativo: $29,044.00 MXN

Protección de la tortuga marina, cuidando los nidos de los depredadores animales o humanos y ver que todo el pueblo Comcaac y pescadores comparta este propósito.

El presupuesto se utilizará para monitoreo en zonas de anidación de tortuga golfita y recolección de datos de otras especies que se encuentren, se comprarán materiales y herramientas para la actividades de monitoreo; se realizará limpieza de zonas de anidación durante los recorridos; durante cada recorrido de monitoreo se hará conteo de huevos, se recogerán datos y se protegerán nidos.